Cáritas como miembro de la Plataforma del Tercer Sector ha estado presente en el planteo de las reinvindicaciones para el sector, entre ellas la ley de economía social y la ley de desperdicio alimentario.

Foto: Ana Abril de Cáritas Española; Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector; Amparo Merino, Secretaria de Estado de Economía Social; y Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la Plataforma del Tercer Sector. Imagen: Plataforma del Tercer Sector

La Plataforma del Tercer Sector se ha reunido el pasado 16 de julio con la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, para trasladar una serie de inquietudes y demandas relacionadas con el sector.

Entre ellas se destacan:

• la demanda para el aumento de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades para fines sociales, que ahora mismo es del 0,7 %, al 1 %.
• la solicitud al Gobierno de una mayor colaboración, con el objetivo de incrementar el Nº de empresas que marcan esta casilla de Empresa Solidaria. El  último año ya recibió un incremento aproximado del 35 % con respecto al año anterior, acumulando unos ingresos de 57 millones de euros. Con estos fondos se han financiado 991 proyectos de diferentes áreas de acción, en colaboración con 288 entidades sociales. El Tercer Sector y el Voluntariado estatal han recibido una mayor asignación de fondos, un 23 % del total, representando un crecimiento del 4 % respecto a 2023.

Por su parte, en el encuentro con la Secretaria de Estado, el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, expuso que este aumento de 0,3 puntos para fines de interés general se está proponiendo con el fin último de que “las entidades sociales podamos contar con una mayor estabilidad para planificar a largo plazo y aumentar, así, nuestro impacto social”, recordando además que el Tercer Sector es un “actor fundamental y un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía”, y que “desempeña un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país, y ha sido un aliado clave para el sector público en cada crisis que ha existido en los últimos tiempos”.

Entre otras reivindicaciones en el Tercer Sector, se ha planteado

Las demandas en torno a la garantía y reconocimiento de los derechos a todas las personas, el diálogo civil y la sostenibilidad financiera del sector.

•  la reforma urgente de la Ley de Desindexación de la economía española que produce un “grave impacto en la sostenibilidad” de estas organizaciones, por lo que es necesaria su regulación legal, así como la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, “por razones de interés social”.
• también se hizo referencia a las empresas de inserción social y a los centros especiales de empleo, “que constituyen una forma de englobar la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y la creación de riqueza, a través del desarrollo de una actividad económica real”. Por ello, la vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la Plataforma del Tercer Sector, Patricia Sanz ha planteado que los centros especiales de empleo han de mantener su diferenciación entre los centros que son de iniciativa social y los que son de iniciativa privada o con ánimo de lucro.
• Se ha reclamado también el impulso a la Comisión Interministerial para el Desarrollo, por la mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública, que no están constituidas formalmente.
• Por su parte, Ana Abril, representante de Cáritas, reiteró las incompatibilidades existentes entre las modalidades de contratación de la reforma laboral y el acceso a las empresas de inserción, y subrayó la importancia de buscar un mejor encaje entre ambas normativas. Y también, ha insistido en la petición para que la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobada el pasado 7 de junio en el Consejo de Ministros, se pueda aplicar de una forma óptima y eficiente. Esta Ley, pionera en su sector, es la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de los mismos.

La campaña “Más solidaridad, más impacto”

En cuanto a esta campaña, según la Plataforma, la adopción de esta medida hubiera conllevado el pasado año un aumento del 43 % en la cuantía recaudada por el IRPF e Impuesto de Sociedades, y la repercusión que conllevaría en los Presupuestos Generales del Estado sería únicamente del 0,06 %. La Casilla Empresa Solidaria se puede marcar durante el periodo de presentación del Impuesto de Sociedades, abierto del 1 al 25 de julio, y está disponible en dos modelos de dicho impuesto: el 200 y el 220. Además, parece incluida en el apartado ‘otros caracteres – fines sociales’, en la casilla 00073 (dentro del modelo 200) o bien en la 069 (en el modelo 220).

Fuente de esta noticia: Plataforma del Tercer Sector;  Observatorio Español de la Economía Social